Las doce entidades vitivinícolas más representativas, tanto por antecedentes históricos como por la cantidad de asociados y su dispersión geográfica, avalan la Corporación Vitivinícola Argentina con sus presidentes sentados a una misma mesa desde hace diez años.

La institucionalidad y trayectoria de las entidades que dirigen la Corporación Vitivinícola no admite discusión, se trata –en la mayoría de los casos- de organizaciones centenarias, que representan los intereses de absolutamente todos los eslabones de la cadena. Esto significa que más del 90% de los dirigentes vitivinícolas comprenden la potencia de las acciones conjuntas en temas consensuados, disponiendo su tiempo y su trabajo para favorecer la concreción de políticas públicas que favorezcan la competitividad del sector.

La fundación de entidades vitivinícolas en el siglo XX, en general, estuvo motivada en la defensa de intereses sectoriales específicos vinculados a uno o algunos eslabones de la cadena productiva. Así surgieron asociaciones de viñateros, de bodegueros, de viñateros y bodegueros, de fraccionadores, de comerciantes de vino, de cooperativas y de elaboradores y exportadores de mosto, entre otras.

En la segunda mitad del siglo, a medida que fue aumentando la representación de las entidades en relación con otras ramas de la actividad o con otras zonas, las asociaciones fueron modificando sus estatutos y cambiando sus denominaciones para ampliar el área de influencia. La complejidad que significó para la industria el abordar el futuro de la actividad de forma integral y con una perspectiva a largo plazo, trajo la desaparición temprana de muchas de ellas, pero también la fusión y el paso de tener representación provincial a la nacional.

El intento de enfocar la mirada en el largo plazo y no sólo en la coyuntura, de forma planificada y consensuada con el Estado y con los sectores vinculados no sólo a la producción sino también a la ciencia y al conocimiento constituyen una originalidad en la vida institucional de la industria. Esto significa un reconocimiento por parte del sector privado de su necesidad de proponer y gestionar las políticas y las condiciones que cree necesarias, entendiendo que lo mejor para la vitivinicultura es sumarse a una dinámica de coordinación y cooperación de la que resulte una actividad económica competitiva y sustentable.